Las elecciones, en nuestra imperfecta «democracia representativa», son, con todo, un tiempo de interés que condensa la relación política de la población. El próximo 7 de junio seremos convocados una vez más para expresar nuestras preferencias; por más que nuestra escasa conciencia ciudadana no se sienta muy motivada en las elecciones intermedias. Los sacerdotes tenemos restricciones legales para hacer propaganda en favor o en contra de cualquier Partido político. Aunque se sobre entienda que esto se refiere a cuando estamos en funciones, los ciudadanos mismos muestran desagrado cuando lo hacemos. La normatividad eclesiástica también nos restringe tales derechos, atendiendo la función de los clérigos para integrar comunidad, por encima de preferencias políticas; pero al mismo tiempo, las razones de evangelización, no sólo nos permiten, sino que nos exigen contribuir a la formación política de la feligresía, por las implicaciones existentes entre la fe y la vida. Dentro de este mismo espíritu, vaya esta sencilla aportación, esperando suscitar algunos comentarios que nos ayuden a todos a una mejor decisión democrática.

El ineludible contexto global

Ningún proceso electoral de cualquier parte del mundo puede prescindir actualmente del contexto global. Partiendo del reconocimiento de la dominación mundial ejercida por una “superclase” -directivos de megacorporaciones y grandes fortunas-, mediante un modelo económico injusto que concentra la riqueza en proporciones nunca antes imaginadas, dejando en el abandono a creciente población “sobrante” (si se exterminara, se ahorraría energía para provecho egoísta de aquellos privilegiados), y que conduce a la destrucción acelerada del Planeta. Ante la dominación universal de este “Estado Trasnacional”, los tradicionales “Estados-Nación” pierden cualquier otra razón de ser, que no sea la del control poblacional local. Para este propósito, ese Estado Trasnacional procurará mantener en el poder a una élite criolla manejable, a la que comparte ciertos beneficios, la cual, a su vez, está además controlada por agentes vinculados al exterior -los llamados “poderes fácticos”-: ejércitos “de ocupación”, mass-media mundializados, funcionarios de grandes corporaciones trasnacionales, una economía dictada por grandes instituciones financieras mundializadas y todo esto, con el apoyo del armamentismo y espionaje norteamericanos, etc. Para no caer en maniqueísmos, se puede reconocer que ya no es posible regresar al modelo “desarrollista” anterior, y que el neoliberalismo ha aportado algunos elementos civilizatorios (la flexibilidad, la “resilencia”,[1] la transparencia, la globalización, etc.); pero con todo y esto, queda patente la esencia sistema necrófila y suicida de dicho Sistema, por más que se intente justificar, presentándose como racionalidad modernizadora y única vía para el mejoramiento universal, o al menos como “el mejor de los mundos posibles”.

Obviamente, la dominación global no es total. En todo el mundo está creciendo la indignación. Va surgiendo por doquiera una sociedad civil mundial que genera una infinidad de experiencias alternas que, además, se van interrelacionado (sobre todo, gracias a las “redes sociales” y la facilidad de comunicaciones). Es así que se va creciendo la toma de conciencia ecológica, de defensa y prevención de los derechos humanos, de comunalidad, de equidad de género, de otras modalidades participativas de la democracia, etc. Los Gobiernos nacionales ejercerán sus funciones con mayor o menor autonomía. En Latinoamérica algunos países del Sur se han aliado para resistir mejor a las directrices del Imperio, como pudo verse recientemente en la Cumbre de Panamá. De aceptar este diagnóstico, parece claro que nos estamos acercando a una polarización entre ambos proyectos, que se podrán convertir en los próximos años en la batalla decisiva por el futuro de nuestro Planeta. Es, por tanto, esta situación la que sobre determina la coyuntura política de cualquier país.

La coyuntura actual de México

Además del telón de fondo mundial, los ciudadanos informados tampoco pueden prescindir del análisis del propio país. En las tres últimas décadas, los diferentes Gobiernos se fueron adaptando al modelo neoliberal hegemónico ( PRI y PAN, con anuencia implícita de la supuesta Izquierda). La desilusión por la llamada «transición democrática” panista, propicio el retorno del PRI, pregonado como “nuevo”; pero en realidad heredero de los antiguos vicios antidemocráticos, ejemplificados por una Presidencia inepta, frívola, corrupta, cínica y de tendencias autoritarias.

El Gobierno puede preciarse ante el exterior de sus supuestos logros: la 13ª Economía mundial, tomando como criterio el dudoso PIB (por encima de España, Suiza y Holanda). Posee una sólida planta industrial (minería, industria automotriz); aunque ésta sea extranjera, ubicada aquí debido a las “condiciones favorables” ofrecidas. Se pasa por alto, empero, que la mayor parte de la población se encuentra en la pobreza, tanto la extrema (un 23%, estancada desde hace 20 años), así como el 63% en pobreza relativa. El diagnóstico elaborado por el Tribunal Permanente de los Pueblos, muestra a nuestro país como ejemplo palmario de las consecuencias negativas que pueden producirse con la entrega que un Gobierno apátrida puede hacer de su país a los intereses extranjeros trasnacionales, en contra de su población. Las publicitadas Reformas Estructurales -tan aplaudidas por los patronos del Extranjero-, comienzan a mostrar sus efectos negativos en la población: la reforma laboral deteriora en mucho las conquistas de los trabajadores, quienes reciben un salario de los más bajos del mundo; la reforma educativa, con su enfoque tecnicista, quita la seguridad laboral de los maestros y está acabando con las normales, prefiriendo egresados de otras profesiones a los de carrera magisterial, con lo que la educación seguramente no saldrá de los últimos lugares de la OCDE; la reforma energética ya ha desmantelado PEMEX y pone a disposición de los extranjeros el territorio nacional y los recursos del subsuelo; la reforma fiscal está afectando a los pequeños empresarios y disuade la inversión; la reforma en telecomunicaciones ha permitido que en este trimestre Televisa haya obtenido casi dos mil millones de pesos en ganancias, a cambio de sus apoyos… Estas Reformas se complementan con otras leyes en proceso -necesarias, pero insuficientes-, como la Ley de Agua, que favorece el “fraking” de las petroleras, sustrayendo y contaminado el líquido vital de las poblaciones indígenas y campesinas, para canalizarla hacia las grandes agroindustrias o a megaproyectos hidroeléctricos para uso industrial. El Programa Nacional de Seguridad Pública para lo que resta del trienio, logró, es verdad, encarcelar a unas cuantas cabezas; pero no remedia la debilidad institucional en algunos Estados, que abandona su gobernabilidad al crimen organizado; se sigue descomponiendo el tejido social, aumentan los delitos de fuero común y se cuentan por cientos de miles los desplazados en su población. Las leyes sobre Transparencia y Anticorrupción parece obedecer a la coyuntura electoral, dejando impunes a los altos funcionarios de los tres poderes y en los tres niveles (Presidente, Gobernadores, presidentes municipales). A esto se puede añadir la imposición de incondicionales del Partido oficial en algunos organismos “independientes” (como el Secretario de la Función Pública Federal o incluso el nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia)

En cuanto a la Economía,  lo que aparece es que se está yendo a pique, como el estancamiento y bajo crecimiento, o el incremento irresponsable de la deuda pública. Seguramente que son verdaderas las causas externas (como la baja del precio del petróleo, el aumento de créditos norteamericanos, el estancamiento en la economía global); pero decisiones que se toman, en vez de atender a las necesidades de la población mayoritaria, se orientan hacia los sectores pudientes, especialmente los más relacionado con el exterior. Así, se da tratamiento fiscal privilegiado a las grandes fortunas, se apoyan megaproyectos para empresarios consentidos, se dan facilidades desmedidas a inversionistas extranjeros, etc.; mientras se restringe el gasto público y se sacrifica el gasto social, con precariedad en la educación y la salud pública; el desempleo, las condiciones laborales deterioradas, las pensiones inseguras, los créditos difíciles para los pequeños ahorradores (agravado por dificultades para las cajas de ahorro comunitarias).

Como era previsible, este proyecto no puede implementarse sin la violación sistemática de derechos humanos: la desaparición forzada (los 43 de Ayotzinapa y los otros 23,000), las ejecuciones extrajudiciales (Tlatlaya, San Fernando, Apatzingán), la tortura “generalizada”, el encarcelamiento político de líderes, el desplazamiento de cientos de miles de residentes, el hostigamiento a periodistas críticos (Aristegui), la manipulación de la opinión pública por medios incondicionales demasiado favorecidos (Televisa), y una política migratoria que hace el trabajo sucio a los Estados Unidos. Consecuencias de todo esto es el crecimiento de los delitos del fuero común; pero sobre todo, los del crimen organizado, infiltrado por doquiera. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha pretendido ocultar al mundo esta situación; pero esta política se ha revertido en desprestigio del país.

La tremenda situación del país, puesta al descubierto por los hechos de Ayotzinapa, ha provocado la pérdida de confianza en las instituciones. La crispación y el hartazgo de la población alcanza a toda la clase política en su conjunto: congresistas que más que legislar para salvaguardar los intereses de la población, buscan los suyos propios y la manera de hacerse con el rápido enriquecimiento; los cuantiosos recursos que reciben los Partidos Políticos acabaron con la militancia convencida y diluyeron sus ideologías; el Ejército y la Policía son acusados de numerosos abusos, de hermetismo ante cualquier indagación y de crímenes de lesa humanidad; el Ejecutivo alardea su cinismo, con la corrupción, el nombramiento de incondicionales al frente de instituciones destinadas a las regulaciones internas e incluso, con los intentos de someter la Suprema Corte de Justicia a intereses partidistas… y un largo etcétera. La desconfianza institucional alcanza al Instituto Nacional Electoral mismo (INE), que ha dado muestras de “partidización” y de arbitrariedad y mucha gente piensa que no se garantiza el sufragio limpio. Tenemos unas elecciones sumamente costosas e inútiles. El bombardeo de spots partidistas, que se neutralizan unos a otros, que se agreden y descalifican mutuamente o con propuestas voluntaristas sin programas ni proyectos para implementarlas… dan la impresión de que lo que se disputa es cual sea la mejor compañía publicitaria que diseñe la campaña más eficaz de mercadotecnia para inducir el voto de los desinformados.

Alternativas electorales

1. El abstencionismo.- Votar o no votar será la primera decisión que habremos de tomar. La Conferencia Episcopal Mexicana, haciéndole “de facto” el juego al Sistema, condena la abstención; sin embargo hay sectores críticos dentro de la misma Iglesia que la promueven.[2] Me parece que en el momento actual se trata de una opción perfectamente válida, con tal de que no se trate del abstencionismo apático o desinteresado de lo cívico, sino que pretenda dar un mensaje que descalifique este “Estado de usurpación en contra de la población”, e incluso, de la insuficiencia de la actual “democracia representativa” -las modernas tecnologías de comunicación podrían hacer más participativa la democracia con otras modalidades, como el referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato, etc.- apostando a un nuevo Constituyente que elabore una Carta Magna. La postura parece congruente y un signo de repudio a todo el Sistema; aunque plantea varios interrogantes:

• La abstención, al disminuir el número de votos, disminuye las diputaciones plurinominales, las cuales son un recurso para que los partidos de oposición tengan mayor representatividad, por lo que se favorecería a los partidos mayoritarios.
• Una nueva Constitución significa un nuevo pacto social entre diversas facciones. Para asegurar una correlación de fuerzas favorable, se tendrían que concertar amplias alianzas y gran participación ciudadana (se habla de formar cuadros en aldeas, barriadas, etc), lo que implica una gran organización a un plazo más bien largo, pues se pretende elaborar dicha Constitución al margen –o en contra- del Estado.
• Para enviar una señal inconfundible, el abstencionismo tendría que alcanzar un porcentaje significativo, para que no fuese leído como simple apatía o desinterés ciudadanos. No se puede ignorar la gran masa ingenua susceptible de manipulación.

2. La anulación del voto (o romper la boleta) sería una variante a la propuesta anterior, con la ventaja de que esto no afectaría las diputaciones plurinominales. Sin embargo, el mensaje enviado por medio de esta protesta se leería simplemente como que ninguno de los candidatos presentados ofrece garantías. Pero el problema es sistémico: cualquier Partido o Candidato, por honesto que sea, al entrar en la estructura, probablemente termine siendo fagocitado por ella.

3. Una opción partidista de Izquierda, que resistiera al modelo económico-político hegemónico en favor de otro alterno, propuesto desde las mayorías empobrecidas, sería la misión de una Izquierda auténtica. El problema es que mucha gente se ha desencantado de las izquierdas mexicanas, pues han mostrado poca claridad en sus objetivos finales. El caudillismo ha dividido a la oposición -pecado sempiterno de las Izquierdas- y la corrupción ha entrampado a estas opciones alternativas. Entiendo que algunas de estas corrientes aleguen que se inspiran en la vía de “revolución pasiva”. Esta táctica para la toma de poder, propuesta por Antonio Gramsci, contempla constantes y crecientes acciones de negociación, avances y retrocesos, alianzas, toma de posiciones… sin oposiciones frontales, que poco a poco vayan reduciendo la función de dirigencia de las clases hegemónicas, las cuales tan sólo se queden con la de dominación, signo de su debilidad. En principio, parece una táctica adecuada para estos momentos; pero a condición de que no se confundan las tácticas con la estrategia final. No debiera perderse de vista que el objetivo final al que hay que dirigirse es una sociedad más justa y libre; una economía socializada que pusiese límites éticos al Mercado, lo que supone colocarse desde modelos alternos al neoliberalismo y su hegemonía planetaria. Las acciones propuestas tendrían justificación sólo como táctica; mientras se va avanzando hacia el proyecto final. El riesgo es que las ambiciones personales o grupales, las ansias de poder y las ingenuidades y torpezas puedan quedarse en un reformismo amorfo.
4. Diversificar los votos.- En las circunstancias actuales, algunos van a diversificar sus votos: para la elección de autoridades locales, creen que lo mejor sea fijarse más en las personas que en los Partidos que las postulan, pues en el micronivel, aquellas suelen ser mejor conocidas. En cambio, para las diputaciones, se identificarán con alguna de entre las opciones de izquierda, aumentando la fuerza parlamentaria en espera de que más tarde pueda formarse un Frente común. Esto requiere mayor información; pero tiene el riesgo de convalidar la estructura actual.

Cualquiera de estas opciones parece respetable, con tal de no favorecer con el voto aquellas candidaturas que no se deslinden de la corrupción y que apoyen de cualquier manera la hegemonía mundial. Habrá que continuar informándonos y comunicándonos para aprovechar esta coyuntura para lo que creamos más cerca de una alternativa aglutinante, clara y convincente.

[1] Resilencia: “Capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad, para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento”.

[2] Javier Sicilia, Mons. Raúl Vera, el P Solalinde, etc

Dos acontecimientos marcaron políticamente el 2014: las “reformas estructurales” y el caso Ayotzinapa. Ambos resultan inseparables y no se puede estudiar el uno sin el otro. Las reformas constitucionales, producto del “Pacto por México”, merecieron que el Presidente Peña Nieto fuera saludado por la prensa extranjera como el “gran estadista”, incomprendido por un país anclado en la tradición. Pero al poco tiempo, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desbarató aquella imagen, poniendo al descubierto el horror que padecemos (del “Mexican moment”, como calificó The Economist, el mismo diario pasó al “pantano mexicano”). La apresurada e inconsistente “verdad oficial”, con la que la PGR dio por cerrada su investigación, sólo aumentó la poca credibilidad de EPN. ¿Será que la contrapuesta valoración –éxito y fracaso- de este Gobierno se debe a que existen dos méxicos distintos en un mismo país? ¿O es Ayotzinapa el precio de las “Reformas”? Reconociendo que en nuestra parchada Carta Magna actual queda ya muy poco del espíritu del Estado de la Revolución Mexicana ¿No se estarán enfrentando dos proyectos antagónicos de Estado, ambos  alternativos a dicho modelo postrrevolucionario? ¿Hay condiciones para un nuevo Constituyente? El 5 de febrero, aniversario de nuestra Constitución, motiva la siguiente reflexión.

Reformas, Constitución y nuevo Estado

Necesitamos recordar algunas nociones básicas de teoría política para responder estas y otras interrogantes. Partiremos recordando nuestra noción de “Estado”. A lo largo de la historia ha habido diversas formas cómo los integrantes de las colectividades se relacionan en torno al poder y a la autoridad. La forma más evolucionada es el Estado, es decir, una persona jurídica formada por una colectividad política para atender a sus necesidades y organizada soberanamente en un gobierno propio con decisión y acción, de modo que quede claro quién tiene el monopolio legítimo del poder en determinado territorio. Como es sabido, el Estado no se identifica con el Gobierno, pues éste es el conjunto de organismos políticos y personas que dirigen el Estado y sus funciones. Tampoco con el régimen o formas que puede asumir el Estado (monárquico, absolutista, republicano).

La formación de cualquier Estado es producto de conflictos de intereses grupales, especialmente entre las clases sociales fundamentales. El Estado se estructura, entonces, por el poder de dominación que un grupo ejerce sobre toda la colectividad. Por supuesto, que difícilmente un solo grupo puede lograr una dominación total, sin hacer concesiones a otros grupos aliados, con los cuales establece un “pacto social”. Se forma así un “bloque histórico” dominante, el cual, no tendrá capacidad de dirigencia si se sostiene por la pura coerción. Necesita de un nivel mínimo de aceptación o consenso, es decir, una hegemonía social, lograda por la difusión de un reforzamiento ideológico que la legitime (actualmente, la construida por los “media”). Además, tiene que lograr satisfacer -al menos mínimamente- las necesidades básicas de todos, y en el Estado liberal moderno, un Estado de Derecho que limite a quien gobierna, de modo que lo haga dentro de las atribuciones que le permite la Ley, en especial, aquellas fundamentales plasmadas en una Constitución.

 

Obviamente, una Constitución no es inalterable -como tampoco lo es la correlación de fuerzas, siempre sujeta a vaivenes-, por lo que la cambiante situación histórica requiere siempre de ajustes y reformas. Cuando tales reformas se dan dentro del espíritu que inspirara el proyecto inicial de nación, entonces simplemente la Constitución se adecúa a la nueva situación. Pero podría suceder que ciertas reformas vayan dirigidas a ir alterando aquel “pacto social” original. Entonces las reformas resultarán “parches” incongruentes. A su vez, esto podría encaminarse en un doble sentido: o bien, en sentido “progresista”, cuando la nueva correlación de fuerzas empuja el régimen político hacia un nuevo sujeto histórico que conquiste mayores reivindicaciones para toda la colectividad (económicas y políticas); o bien, en sentido “regresivo”, volviéndose hacia sujetos históricos del pasado, y entonces se hablará de “contrarreforma”. Por eso, para juzgar cualquier reforma es importante reconocer la clase social que resulte más beneficiada.

Ayotzinapa

La Constitución de 1917 fue producto de la Revolución Mexicana, movimiento que modificó substancialmente el régimen oligárquico del Porfiriato. El “sujeto histórico” que condujo y resultó vencedor en este movimiento armado fue, según varios analistas, la burguesía nacional, la cual arrebató la hegemonía a la clase agroexportadora vinculada al capital extranjero. Sin embargo, dada la importancia revolucionaria que tuvieron los campesinos y los obreros conducidos por Villa y Zapata, el sector dominante tuvo que pactar con estos movimientos beligerantes, formándose así un nuevo “bloque histórico”, con fuerza suficiente para contener al bloque anterior, a cambio de hacerles a los sectores populares algunas concesiones, al tiempo que los controlaba. El modelo económico al que esto dio lugar -el llamado “desarrollo estabilizador”- fue bastante exitoso: el “milagro mexicano” de Beteta -de crecimiento sin inflación- resultó funcional hasta 1968. El movimiento estudiantil de aquel año fue el catalizador de la inconformidad de las clases medias urbanas, cuando el modelo ya no pudo seguir satisfaciéndoles sus reivindicaciones. Hubiera sido aquel un buen momento para ir más a fondo en un proyecto social que limitara más a dicha burguesía nacional y diera mayor autonomía de los sectores populares organizados; pero entre tanto, la economía mundial se iba ya estructurando en beneficio del gran capital mundial.

Los tres sexenios posteriores prepararon el cambio hacia este nuevo modelo económico más agresivo –el Neoliberalismo- que se consolidó con Salinas. Basado en la libertad irrestricta de comercio y en la propiedad privada elevadas a valor absoluto, permite insensatamente a una “superclase”-hoy “global”- que concentre prácticamente toda la riqueza mundial: según la importante organización Oxfam,  para 2016, el 1% del Planeta (72 millones de personas) poseerá una riqueza mayor que la del 99% de la población restante (7,250 millones). Protegida con la manipulación comunicativa de grandes cadenas mundiales, un sofisticado sistema de espionaje y el armamentismo “inteligente” norteamericano, se constituye “de facto” como un gobierno mundial. Los tradicionales Estados-nación liberales pierden su autonomía, y si subsisten, es sólo porque resultan funcionales a dicha “superclase”. Sus gobernantes obedecen a sus dictados, comprados por corruptas prebendas o presionados por ejércitos vinculados a la DEA, por lo que sus fuerzas armadas bien pueden calificarse como “ejércitos de ocupación”.  Este es el nuevo Estado que –no sin resistencias- pretende imponerse a nivel mundial.

Es desde este contexto global que deben analizarse las recientes reformas constitucionales y sus leyes secundarias, logradas con el concurso de un Congreso condicionado por el “Pacto por México”. Las áreas a ser reformadas, ciertamente, necesitaban de cambios legales ante una situación mundial inédita. Aparte de inercias y atavismos, la dinámica mundial se había modificado profundamente en relación con la situación histórica de los inicios del siglo XX. Pero estando la mitad de los habitantes del país en situación de pobreza –un 20% en pobreza extrema-, un Gobierno patriótico, preocupado por la soberanía nacional y por las necesidades de las mayorías, hubiera tratado de resistir la hegemonía global, tal como lo han intentado otros países del sur del subcontinente. Las reformas, entonces, habrían procurado atender el espíritu de nuestra Constitución de 1917, prestigiada por nuestra historia de un siglo, o incluso, avanzar hacia mayor sentido social, como lo pienso exponer en sucesivas entregas a mi blog.

Naturalmente, argumentos ideológicos no faltan. La economía tiene sus mitos, y uno de ellos consiste en que se le considere como una “ciencia dura” (como la física), por lo que contrariar sus sacrosantas leyes ocasionaría un grave daño. Otro mito es que “antes que repartir riqueza, primero hay que producirla, y que después, de forma automática, la riqueza se escurrirá beneficiando a toda la población”. Otro más es tachar de “populismo” irresponsable a cualquier política auténticamente social… En realidad la economía depende de factores extraeconómicos, es decir, políticos. Económicamente, es viable organizar los recursos de un país de abajo hacia arriba, de modo que las mayorías satisfagan lo mejor posible sus necesidades básicas; pero también lo es organizarlos de arriba hacia abajo, de modo que la “superclase global” y sus virreyes nacionales obtengan la maximalización de su ganancia. Al elegir esta segunda alternativa, desde hace unas tres décadas, México ha estado sujeto a “contrarreformas” respecto al Estado de la Revolución Mexicana. Atrapados por el TLCAN, sin consultarnos a la sociedad y casi sin darnos cuenta, se nos fue imponiendo este nuevo Estado neoliberal.

Ayotzinapa se convirtió en la radiografía que desenmascara el funcionamiento oculto de nuestro sistema político mexicano. Aunque lo intuíamos, quedan ahora patentes: a quien sirve la clase política y su poco espíritu patriótico, reflejado en la entrega de nuestros energéticos; la pérdida de confiabilidad de las instituciones políticas; la omnipresente corrupción, empezando desde el Ejecutivo mismo (Grupo Higa); la torpeza operativa de sus operadores, la evanescencia ideológica de los Partidos, la poca representatividad del Congreso; la venalidad de un poder judicial que solapa la impunidad de los poderosos y se ceba en los pequeños delincuentes; la violencia genocida hacia líderes comunitarios, periodistas y defensores de derechos humanos; la poca confiabilidad del sistema electoral, la colusión de policías, políticos y empresarios con el crimen organizado, la gran desigualdad e injusticia económicas, el poder manipulador de Televisa, el hermetismo del Ejército, la ausencia del Estado en algunas regiones del país, la deficiencia educativa y el poco apoyo a las normales rurales; la crítica situación de la macroeconomía, el endeudamiento, el desempleo y las pésima remuneración laboral; el descuido de la salud social, la penetración norteamericana y el sometimiento de México a la política migratoria de nuestros vecinos…..

Vistos desde Ayotzinapa, los supuestos beneficios “modernizadores” no pueden ocultar la verdadera finalidad de las “reformas constitucionales”. Publicitadas como portadoras de beneficios sociales, tales “reformas” en realidad traicionan el espíritu de la Revolución Mexicana. Si había que hacer reformas para adecuarnos a la realidad mundial, su legitimidad radicaría en que fueran más allá de la propuesta por el Constituyente de ella surgido. Habemos muchos ciudadanos que vemos con temor y preocupación cómo nuestro país se hunde y que piensa que las “reformas” del sexenio, nos colocarán en situación de empobrecimiento y dependencia mayores. Ante la inoperancia del Congreso, a un gran sector de los ciudadanos les parece ya insuficiente el presente modelo de democracia representativa y creen que con la tecnología actual, podría darse más cabida a la participación ciudadana directa (referéndum, consultas, plebiscitos, etc.).

La refundación del Estado

Superar todas las contradicciones anteriores será posible con un nuevo pacto entre diversas fuerzas, que desemboque en un nuevo Constituyente, y que sea expresión de un nuevo Estado social. Es lo que algunas voces reconocidas proponen, comenzando por la de Mons. Raúl Vera, Don Pablo González Casanova y otros militantes, algunos de explícita confesión cristiana. La sugerencia no deja de ser interesante; pero hay que examinarla desde diversos planos, para lo que humildemente aporto lo siguiente:

• En el plano de lo ideal-utópico.- Sería deseable un nuevo Constituyente alternativo, un nuevo marco legal fundamental autónomo que garantice realmente, desde el pueblo y para el pueblo, la soberanía nacional, el Estado de Derecho, el respeto de “todos los derechos para todos”, la justicia distributiva y legal, la participación ciudadana, la defensa de nuestros recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, la movilidad de políticos con vocación de servir y no como negociantes desde el poder público, etc. Esto puede ser el ideal al que muchos aspiramos. Pero esto no podrá darse sin la construcción (o “refundación”) de un nuevo Estado alternativo.
• En el plano de lo probable.- Las Constituciones de 1857 y de 1917 sólo fueron posibles mediante fuertes confrontaciones armadas. Para concertar otro verdadero “pacto social”, no se puede desatender al poder de otros sujetos sociales antagónicos; no podemos ignorar la desigual correlación de fuerzas en la situación actual, incluyendo agentes externos (los llamados “poderes fácticos”), ni desconocer el poder ideológico de los media (particularmente la TV), para la manipulación de las mayorías temerosas, indiferentes, desinformadas, “anestesiadas”; tampoco olvidar nuestro fuerte endeudamiento, la dependencia económica y nuestra ubicación geográfica, con 3,000 kms. de frontera con la principal potencia militar del mundo. Además, para que la propuesta de una nueva Constitución sea efectiva, no se quede en mero discurso proclamativo y no caiga en un utopismo anárquico, el proceso de elaboración tendría que darse dentro de los cauces institucionales existentes, tal y como están. ¿Hay condiciones para ello?
• En el plano de lo posible.- Con la cabeza en el plano ideal; pero con los pies en el plano probable, habría que pensar ¿qué se necesitaría para desencadenar un proceso encaminado a esta meta? ¿cuáles serían objetivos temporales, seguramente planteados a largo plazo, y cuáles serían sus fases y tiempos sucesivos (tal y como plantea la propuesta)? ¿a qué sujetos sociales se podría convocar como aliados, aún al precio de ciertas concesiones? ¿qué estrategias de resistencia se prevén que enfrenten tan fuertes oponentes? Todo esto supone intensa labor política.

 

Por lo pronto, al corto plazo de la coyuntura electoral, queda para el debate: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, entre dar un mensaje de alto impacto, promoviendo el abstencionismo electoral masivo -a riesgo de abandonar a la Derecha corrupta útiles posiciones institucionales-, o bien, tratar de ganar más posiciones, para que desde ellas se pueda el día de mañana apoyar este proyecto? Es necesaria la reflexión desapasionada. Tenemos delante una tarea ingente; pero no puede desaprovecharse el despertar social desencadenado por Ayotzinapa, para acumular más fuerza y preparar un programa organizativo para un futuro, que se desearía no fuese demasiado remoto.